Al menos 24 personas fueron detenidas el lunes en Ecuador durante la represión policial y de las fuerzas de seguridad a las movilizaciones en la primera jornada del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra del alza del precio del diésel.

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La cifra de manifestantes detenidos fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg, al responsabilizar a los arrestados de protagonizar enfrentamientos con agentes policiales en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura.

«Con acciones terroristas, ocasionaron daños a las instalaciones del comando policial, motocicletas y vehículos, poniendo en riesgo la integridad física de nuestros compañeros«, dijo la institución en un comunicado.

Horas antes la Conaie denunció en sus redes sociales que en la localidad de González Suárez, también en Imbabura, agentes policiales habrían ingresado «violentamente a viviendas» y supuestamente disparado «contra la población movilizada».

Líderes indígenas ecuatorianos reportaron actos de represión de fuerzas policiales y militares en comunidades de Otavalo (Imbabura) y Cayambe (Pichincha), en el marco del paro nacional.

El dirigente kichwa Apawki Castro compartió un video en el que se registran choques en el sector de El Cajas, límite provincial entre Imbabura y Pichincha. En las imágenes se observan despliegues de policías y el empleo de gases lacrimógenos en zonas pobladas.

Por su parte, el dirigente indígena Leonidas Iza, difundió cuatro grabaciones que muestran enfrentamientos con uniformados y el lanzamiento de gases al interior de comunidades en la sierra ecuatoriana.

Desde los movimientos indígenas exigen al Gobierno ecuatoriano que se derogue la quita del subsidio al combustible, al considerar que el alza del precio del diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), encarecerá la vida de los ecuatorianos.

Los indígenas ya lideraron en 2019 y 2022 protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones a los combustibles para cumplir con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha dicho que no va a negociar la eliminación del subsidio y advirtió que quienes «incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada serán sancionados conforme a la ley».

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